El Gobierno obligará a incorporar biometano en la red de gas, arrancando con un 0,5% en 2028 y llegando al 6% en 2035. La medida busca reducir la dependencia europea, pero llega con un fuerte régimen sancionador. Una decisión que intenta dar certidumbre a un sector clave para diversificar el mix energético de forma realista y muy pragmática.
El texto crea un sello de excelencia ambiental para nuevos proyectos, una etiqueta que suena muy bien en papel, pero habrá que ver su utilidad real. Lo valioso es que fomenta la economía circular y permite que los gases renovables convivan con el gas natural, garantizando un suministro estable y seguro sin caer en utopías inalcanzables.
Con el petróleo disparado por tensiones internacionales, el sector de biocarburantes ofrece soluciones prácticas. La industria nacional opera a la mitad de su capacidad, demostrando que hay recursos infrautilizados para reducir la dependencia de combustibles importados de forma realista, optimizando el uso de los motores de combustión actuales.
Mientras el crudo subió más del 50%, los biocarburantes tuvieron un alza más moderada. El objetivo gubernamental del 14% para 2026 parece lejano tras los recientes fraudes fiscales. La patronal exige revisar la fiscalidad y consolidar un mercado clave, garantizando una transición energética ordenada, realista y eficiente para toda nuestra sociedad.
La defensa de la energía nuclear suma apoyos ante el inminente cierre de la central de Almaraz. Políticos de Extremadura, incluyendo agrupaciones locales del partido en el Gobierno, han alzado la voz advirtiendo del desastre económico y demográfico que supondría apagar los reactores en 2027 y 2028 sin tener alternativas industriales reales.
Una plataforma ciudadana ha logrado unir a alcaldes, diputaciones y a la Junta para firmar un manifiesto. Este consenso demuestra que la energía nuclear no solo es fundamental para garantizar un suministro eléctrico estable que complemente a las renovables, sino que es el principal motor de empleo y riqueza para la región frente a la despoblación.
Europa presentó un plan para mitigar la subida del 70% en los precios de los fertilizantes, pero parece quedarse en buenas intenciones. El Gobierno español ha criticado que Bruselas diagnostica el problema pero no aporta soluciones reales ni fondos suficientes, calculando que las ayudas europeas no superarán el esfuerzo nacional ya presupuestado.
Frente a la burocracia comunitaria, España abonará este verano sus propias ayudas para asegurar las siembras de invierno. Además, se apuesta por soluciones muy pragmáticas: mantener el apoyo a los agricultores para no hundir la producción, potenciar la agricultura de precisión y aprovechar la fertilización orgánica mediante el uso de purines.
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