La plataforma Gas Verde, Sí, con más de 350 empresas, ha presentado diez propuestas para priorizar el biometano en la próxima legislatura. El objetivo es coordinar acciones entre administraciones para fomentar la inversión y agilizar la tramitación de proyectos, integrando el biometano en el sistema energético nacional. La plataforma, apoyada por Nedgia, Redexis y Madrileña de Gas, defiende la neutralidad tecnológica y propone objetivos ambiciosos de producción nacional, con un marco regulatorio estable e incentivos económicos y fiscales. Destaca su potencial para descarbonizar hogares y generar empleo rural.
Paralelamente, Sedigás ha invitado al Gobierno a adherirse a la Declaración del Biogás de la COP31, que insta a situar los gases renovables en la vanguardia de la agenda climática. España tiene potencial para producir 163 TWh anuales de biometano, descarbonizando cerca de la mitad de la demanda actual de gas natural. La declaración resalta su contribución a la economía circular y la gestión de residuos orgánicos, promoviendo el digestato como fertilizante y el carbono biogénico para combustibles sostenibles. Sedigás subraya la importancia de conectar la acción climática con la seguridad energética y el desarrollo rural.
El IDAE ha lanzado una guía para facilitar la instalación de bombas de calor en comunidades de propietarios, detallando su funcionamiento, ventajas y pasos para su implementación, con un caso práctico de aerotermia en un edificio residencial. Paralelamente, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado un sistema de incentivos para sustituir calderas de combustibles fósiles por bombas de calor eléctricas, mediante coeficientes multiplicadores en los Certificados de Ahorro Energético (CAE): x2 para viviendas unifamiliares, x2,5 para pisos con sistemas individuales, x3 para edificios centralizados y x4 para sistemas que pasan de individual a centralizado. Estos coeficientes se incrementan un 50% para hogares vulnerables.
Las actuaciones elegibles son las iniciadas desde el 22 de marzo de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2027 para comunidades. El volumen máximo de energía asignable por multiplicador para 2027 es del 15% de la obligación máxima de los sujetos obligados que pudieron liquidar con CAE en 2026, equivalente a 1.287 GWh. Además, el Ministerio ha iniciado una consulta pública para evaluar la extensión de estos coeficientes a otras soluciones de reducción de demanda y consumo de combustibles fósiles en el ámbito residencial, que representa el 10% del consumo energético y el 7% de las emisiones.
El Consejo de la UE ha fijado su posición para retrasar un año varias obligaciones de control de emisiones de metano vinculadas a las importaciones de gas natural, petróleo y carbón. Los importadores comenzarán a aplicar estos controles el 1 de enero de 2028 en lugar de enero de 2027, y se aplaza hasta agosto de 2029 la obligación de informar sobre la intensidad de las emisiones y hasta agosto de 2031 los límites máximos permitidos. El objetivo es evitar presiones adicionales sobre la seguridad del suministro energético en un contexto de perturbaciones en los mercados por el conflicto en Oriente Próximo. La Comisión evaluará antes de septiembre de 2027 si existen las condiciones para aplicar las nuevas obligaciones.
Por otro lado, la Comisión Europea ha lanzado la primera convocatoria del Mecanismo del Biometano, una iniciativa voluntaria y gratuita que busca conectar compradores y proveedores de biometano en toda la UE. Los compradores pueden presentar solicitudes hasta el 23 de diciembre, y los proveedores podrán aceptarlas entre el 21 de enero y el 4 de marzo de 2027, con resultados el 18 de marzo. Además, se ha introducido un panel de control regulatorio para comparar las normativas de los Estados miembros sobre biometano. El biometano, producido a partir de residuos orgánicos, contribuye a los objetivos de seguridad de suministro, descarbonización y competitividad de la UE para 2030.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León destinará 13,13 millones de euros en el presupuesto de 2027 a la gestión del lobo. De esa cantidad, 7,58 millones se asignan a indemnizaciones por daños a explotaciones ganaderas y 5,55 millones a medidas de prevención. El consejero Joaquín Antonio Pino afirmó que la presencia de la especie no debe suponer un coste añadido para los profesionales del campo, abogó por indemnizar con agilidad el coste real a precio de mercado e incorporar el lucro cesante, y señaló que se añadirá crédito complementario para abonar expedientes pendientes de 2025 y 2026. También destacó el aumento de fondos para prevenir e indemnizar daños de otra fauna silvestre, que pasarán de 225.995 euros a 2,87 millones.
En paralelo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Palencia denunció la situación de peligro vivida por una joven ganadera en San Martín de los Herreros al encontrar un oso pardo en el cercado de sus cabras, situado a escasos metros de su vivienda. El suceso ocurrió la noche del viernes, cuando la ganadera salió alertada por el ruido de los animales. Aunque no hubo muerte de reses, UPA advirtió de que es habitual la desaparición de ovejas y cabras por ataques del plantígrado, vigilado por la Junta desde hace al menos dos años. La organización reclamó la aplicación inmediata del protocolo de actuación y advirtió de los riesgos de los planes de reintroducción de especies salvajes cuando su expansión coincide con núcleos habitados, pidiendo colocar trampas para retirar al animal y trasladarlo a zonas deshabitadas.