El gobierno español ha aprobado un paquete de 65 medidas urgentes para prevenir apagones y aumentar la resiliencia de la red eléctrica. Entre las acciones destacan la instalación de compensadores síncronos y un sistema FACTS en Cataluña, diseñados para mejorar el control de tensión y la estabilidad del sistema. Estas iniciativas no solo facilitan la integración de energías renovables, sino que también reducen la dependencia de combustibles fósiles, con un ahorro estimado de 200 millones de euros anuales.
Este plan refleja un enfoque equilibrado, reconociendo la importancia de las renovables mientras se asegura la estabilidad del suministro eléctrico. Las medidas, que no requieren nuevos terrenos, son un paso hacia un sistema más eficiente y menos contaminante, demostrando que la transición energética puede ser gradual y pragmática, sin comprometer la seguridad energética.
En 2024, España experimentó un descenso del 34% en la instalación de baterías para autoconsumo, según la UNEF. A pesar de esto, el 26% de las nuevas instalaciones conectadas a la red incluyeron almacenamiento, sumando 110 MWh. Este retroceso no oculta el crecimiento acumulado desde 2022, que alcanza los 2.205 MWh. La UNEF valora positivamente las nuevas regulaciones, como el gestor de autoconsumo colectivo, pero pide más simplificación administrativa.
La disminución en el autoconsumo, tanto con como sin baterías, subraya los desafíos que enfrenta el sector. Aunque las políticas actuales son un buen punto de partida, es crucial revisar las tarifas eléctricas y reducir trámites para instalaciones menores a 500 kW, facilitando así el acceso a tecnologías limpias y promoviendo un modelo energético más descentralizado y sostenible.
El MITECO ha propuesto un Real Decreto para impulsar los combustibles renovables, alineándose con el PNIEC y buscando reducir las emisiones en un 16,3% para 2030. La normativa fomenta el uso de fuentes autóctonas y combustibles de bajo impacto, con incentivos como los e-credits para vehículos eléctricos. Esta estrategia no solo disminuirá la dependencia de importaciones, sino que también fortalecerá la autonomía energética española.
El decreto establece ambiciosos objetivos para el transporte, incluyendo una reducción del 15,6% en emisiones para el transporte por carretera. Con un enfoque en la supervisión y un régimen sancionador claro, España demuestra su compromiso con una transición energética realista, que integra renovables sin descartar otros combustibles necesarios para la movilidad y la industria.
El 67% de los municipios españoles ofrece bonificaciones en el IBI para fomentar el autoconsumo fotovoltaico, una muestra del compromiso local con la sostenibilidad. A pesar de estos incentivos, el sector ha visto un retroceso del 17% en el último trimestre, señalando la necesidad de eliminar barreras administrativas y mejorar la gestión de ayudas para alcanzar los objetivos nacionales.
Organizaciones como la Fundación Renovables y la UNEF han desarrollado herramientas para facilitar el acceso a estas bonificaciones, analizando 780 municipios. Este esfuerzo por simplificar y promover el autoconsumo es vital para acelerar la transición energética, demostrando que la colaboración entre administraciones y sector privado es clave para superar los desafíos actuales.
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