El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto clave para impulsar el almacenamiento energético y modernizar el sistema eléctrico español. La medida busca mejorar la supervisión del sistema, fomentar el almacenamiento de energía y acelerar la electrificación de la economía. Se refuerzan las funciones de la CNMC y se facilita la integración del almacenamiento, priorizando la hibridación con plantas de generación existentes. Además, se agilizan los plazos para conectar nuevas demandas eléctricas, lo que promete dinamizar la actividad económica y dar mayor certidumbre a los inversores.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha celebrado esta iniciativa, resaltando su potencial para racionalizar la tramitación administrativa y potenciar el crecimiento del almacenamiento energético, lo que a su vez podría aumentar la competitividad de la industria española. Se espera que este decreto impulse significativamente el almacenamiento en 2026, robusteciendo el sistema y atrayendo inversiones. Sin embargo, la Fundación Renovables insta al Gobierno a seguir aprobando reformas esenciales, señalando que aún quedan pendientes aspectos clave como el desarrollo del marco de flexibilidad y la regulación de servicios de agregación independiente.
La propuesta de la CNMC sobre la retribución a las redes eléctricas sigue generando controversia. Un amplio grupo de asociaciones empresariales y sociales ha manifestado su preocupación por las limitaciones que esta propuesta impone al desarrollo de infraestructuras eléctricas, advirtiendo sobre el impacto negativo en proyectos estratégicos y la calidad del servicio. Aelec, la patronal de las grandes eléctricas, también ha expresado su inquietud ante la revisión de las circulares de la CNMC, especialmente en lo que respecta a la tasa de retribución financiera (TRF) y el modelo retributivo de la distribución eléctrica para el periodo 2026-2031.
Aunque la CNMC ha anunciado una ligera mejora en la tasa, esta sigue siendo inferior a las expectativas de las eléctricas, lo que dificulta la obtención de capital y desincentiva la inversión en un momento crucial para el despliegue de infraestructuras eléctricas. José Bogas, consejero delegado de Endesa, considera que la propuesta desincentiva la inversión y no facilita los objetivos de descarbonización y electrificación. La patronal Aelec insta a la CNMC a reconsiderar sus propuestas para garantizar un marco retributivo predecible y adecuado, que permita atender la creciente demanda eléctrica y realizar inversiones anticipatorias necesarias para la transición energética y el desarrollo industrial del país.
El futuro de la central nuclear de Almaraz sigue siendo objeto de debate. Iberdrola, Endesa y Naturgy han solicitado formalmente una "miniprórroga" para los dos grupos de la instalación hasta junio de 2030, sin condiciones fiscales, pidiendo al Gobierno que paralice el proceso de cierre ya iniciado. Esta solicitud ha sido recibida por el Ministerio para la Transición Ecológica y será evaluada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La ministra Sara Aagesen ha reiterado que el Gobierno mantiene una postura coherente, fijando tres líneas rojas: sin rebajas fiscales, garantía de seguridad nuclear y aseguramiento del suministro eléctrico.
Según nuevos análisis, la prórroga solicitada cumple con estas tres condiciones. La seguridad radiológica está garantizada, ya que el CSN otorgó en 2020 una licencia operativa de 10 años. Mantener operativo el reactor contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico, y no se prevé un coste adicional para los consumidores. Mientras tanto, Enresa sigue adelante con los preparativos para el cierre conforme al calendario establecido en 2019, aunque las eléctricas han solicitado congelar el procedimiento. La decisión final dependerá del informe del CSN, que será clave para determinar los próximos pasos.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha tomado decisiones importantes con respecto a proyectos eólicos en la región. En Mazaricos, A Coruña, se anuló la autorización del parque eólico A Ruña III por falta de una adecuada declaración de impacto ambiental, contradiciendo una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su desacuerdo y ha anunciado que recurrirán la decisión. Según el TSXG, la declaración de impacto ambiental no consideró de manera conjunta el parque eólico y su línea eléctrica de evacuación.
Además, el TSXG ha paralizado cautelarmente la construcción del parque eólico de Monte Contado, promovido por Naturgy en Lugo y Castroverde, tras una solicitud de la organización ecologista Adega, que argumentó el riesgo de daños ambientales irreparables. El proyecto se sitúa en un área que funciona como corredor de conectividad ecológica entre zonas de la Red Natura 2000, y las instalaciones se proyectan en la zona tampón de la Reserva de la Biosfera 'Terras del Miño'. El tribunal aplicó los principios de cautela, prevención y precaución ambiental, priorizando la protección del medio natural.
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