La Comisión Europea propone ajustar el sistema ETS para estabilizar los precios del carbono. La medida busca evitar la cancelación automática de derechos de CO2 acumulados, manteniéndolos disponibles para actuar ante escasez o volatilidad. En un contexto de incertidumbre energética, la propuesta busca estabilizar el mercado sin intervenir directamente en la formación de precios. Debe ser negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo. El ETS, en funcionamiento desde 2005, ha reducido las emisiones, aunque con avances limitados en la industria, y la Comisión planea ajustes adicionales para adaptarlo al objetivo de reducir un 90% las emisiones en 2040.
Esta reforma busca aportar estabilidad y previsibilidad al ETS, cuyo precio ha experimentado volatilidad. El sistema pretende incentivar la inversión en tecnologías limpias y ha generado ingresos destinados a clima y energía, así como a compensar a la industria por los costes indirectos del carbono. La Comisión subraya que el ETS ha dado grandes resultados, con una reducción de casi el 50 % de las emisiones de las instalaciones cubiertas desde 2005. Para evitar deslocalizaciones, los sectores expuestos a la fuga de carbono tienen cubiertas de media alrededor del 85 % de sus emisiones mediante derechos gratuitos. La tarificación del carbono se extiende progresivamente en el mundo, con unos 80 sistemas similares en más de 50 países.
Gestamp e Iberdrola han formalizado un contrato de compraventa de energía renovable (PPA) a 10 años. Este acuerdo permitirá el suministro de 660.000 MWh de electricidad a diversas plantas europeas de Gestamp, empresa dedicada a componentes de alta ingeniería para la automoción. El PPA abarca 34 MW de capacidad instalada, garantizando que las plantas de Gestamp se abastezcan con energía 100% renovable, un 80% eólica y un 20% solar, respaldada por certificados de garantía de origen. Gestamp asegura así el suministro de energía renovable a largo plazo a un precio fijo y competitivo, contribuyendo a la descarbonización de la cadena de suministro automotriz y a la estabilidad de sus costes energéticos.
Iberdrola expande su cartera de PPA y refuerza su posición como socio estratégico del sector industrial, habiendo formalizado acuerdos en 2026 que abarcan 50 MW y un millón de MWh de energía renovable para el sector automovilístico en España. Representantes de ambas compañías han destacado la importancia del acuerdo para avanzar hacia procesos productivos más sostenibles y un modelo energético más seguro y competitivo. Javier Imaz, chief purchasing officer de Gestamp, señaló que este acuerdo simboliza un paso más en sus esfuerzos por implantar procesos productivos más sostenibles. David Martínez, director de negocio de clientes de Iberdrola España, afirmó que este acuerdo refuerza su compromiso de acompañar a la industria en su transición hacia un modelo energético más seguro, competitivo y sostenible.
La asociación Asden y Ecologistas en Acción han anunciado que presentarán alegaciones al proyecto híbrido 'Liceras', que integra energía eólica, solar fotovoltaica y almacenamiento por baterías en una superficie de 7.600 hectáreas en Soria, Segovia y Burgos. El proyecto, promovido por Eólica Navarra S.L.U., contempla la instalación de 49 aerogeneradores de 7,5 MW cada uno, una planta solar de 184,8 MW y un sistema de baterías de 23,43 MW. Asden critica la ubicación del proyecto, argumentando que se sitúa en una zona con menor rechazo social y alejada de los centros de consumo.
Se señalan impactos significativos como la ocupación del territorio, el impacto paisajístico, la fragmentación de hábitats y la afección a aves rapaces y esteparias. La asociación también lamenta la falta de información pública sobre el proyecto y la ausencia de un plan de ordenación de los recursos naturales en la zona. Ecologistas en Acción advierte que el proyecto afecta directamente a municipios de Burgos como Fuentenebro, Huerta de Rey, Milagros, Santa Cruz de la Salceda, Vadocondes y La Vid y Barrios, generando una "transformación profunda del territorio". La organización critica la lógica desordenada en la selección de emplazamientos para renovables, priorizando criterios económicos sobre consideraciones ambientales y sociales.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado 23,9 millones de euros a 17.314 agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura que sufrieron daños en sus explotaciones por las borrascas de enero y febrero. Este pago corresponde al incremento de la subvención para la contratación de la póliza de seguro agrario, alcanzando hasta el 70% del coste del seguro, el máximo permitido por la normativa comunitaria. En total, se ha incrementado la subvención de 20.963 pólizas contratadas. El pago se ha efectuado por Agroseguro en la cuenta corriente de los asegurados, sin necesidad de solicitud o trámite adicional.
Adicionalmente, el Ministerio ha publicado una primera relación de más de 140.000 potenciales beneficiarios de ayudas directas extraordinarias en Andalucía y Extremadura, disponibles en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Las cuantías individuales oscilan entre 5.000 y 25.000 euros. Los beneficiarios disponen de un plazo del 7 al 27 de abril para reclamar la ayuda expresamente. La aceptación de la ayuda lleva implícita una declaración responsable de que el importe no excede del coste de los daños sufridos. El paquete de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros asciende a 2.874 millones de euros, de los cuales 2.124 millones son ayudas directas al sector agrario de Andalucía y Extremadura.
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