La vicepresidenta Teresa Ribera ha presentado el plan para la red de transporte eléctrico hasta 2030, con una inversión de 13.590 millones de euros. El objetivo es claro: modernizar la infraestructura para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y priorizar proyectos industriales. Se busca reforzar más de 190 ubicaciones, consolidando zonas no industrializadas y atendiendo 27,7 GW desde la red de transporte. Este plan, que estará en información pública, promete mejoras en el 21% de la red, con especial atención a las áreas rurales. Un proyecto ambicioso que busca un futuro más electrificado.
Este plan representa un incremento del 65% en la inversión respecto al plan anterior, una respuesta necesaria ante la saturación de la red eléctrica. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de una retribución atractiva para las empresas, asegurando la viabilidad del despliegue. La flexibilidad en la planificación es crucial para evitar la capacidad ociosa en la red. Es vital que estas inversiones se realicen de manera eficiente y sin crear sobrecostes innecesarios para los consumidores. La modernización de la red es esencial, pero no debe convertirse en una carga adicional para la industria y los ciudadanos.
España se prepara para implementar un 'mercado de capacidad' en 2026, un sistema diseñado para evitar apagones y asegurar el suministro eléctrico. Este mecanismo, ya aprobado por la Comisión Europea, busca equilibrar la oferta y la demanda en todo momento. Se estima que el coste del sistema oscilará entre 800 y 900 millones de euros, lo que podría traducirse en un aumento del 5% al 8% en la factura de la luz, afectando principalmente a los consumidores industriales. Las baterías jugarán un papel crucial en este mercado, impulsando su desarrollo en el país.
Aunque este sistema promete mayor estabilidad en el suministro, es fundamental analizar detenidamente el impacto económico en los consumidores y la industria. Un aumento en la factura de la luz podría afectar la competitividad de las empresas y el bolsillo de los ciudadanos. Es esencial que el gobierno asegure que este nuevo sistema sea eficiente y transparente, evitando costes innecesarios y garantizando que beneficie a todos los actores del sector eléctrico. Además, es importante considerar si existen alternativas menos costosas y más eficientes para garantizar la estabilidad del suministro.
Los gasolineros y la industria del combustible están presionando al Gobierno para que acelere la transposición de la normativa RED III. Esta normativa es crucial para establecer objetivos claros en el uso de combustibles renovables a partir de 2027, evitando que España quede en desventaja competitiva frente a otros países. AEVECAR aboga por un enfoque a largo plazo para reducir las emisiones, promoviendo el uso de combustibles renovables y asegurando una transición energética justa. La industria del combustible ve en esta normativa una oportunidad para liderar la producción de combustibles renovables en Europa.
Es importante recordar que la RED III no solo se trata de combustibles renovables, sino de una transición energética equilibrada. Si bien es crucial impulsar alternativas sostenibles, no podemos ignorar la realidad de que los combustibles tradicionales seguirán siendo necesarios en el corto y mediano plazo. La transposición de la RED III debe ser ambiciosa pero realista, evitando medidas que perjudiquen a la industria nacional y garanticen un suministro energético seguro y asequible. La innovación y la tecnología jugarán un papel fundamental en esta transición, permitiendo optimizar el uso de los recursos disponibles.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable para el parque eólico Corus en Cantabria. Este proyecto, que incluía diez aerogeneradores, ha sido rechazado debido a su potencial impacto negativo en el medio ambiente, especialmente en especies protegidas y hábitats de interés comunitario. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental considera que las medidas propuestas por la promotora no son suficientes para mitigar los impactos negativos en la fauna, la vegetación, los espacios protegidos y el paisaje.
Si bien las energías renovables son esenciales para la transición energética, es crucial que su desarrollo se realice de manera responsable y sostenible. Este caso demuestra la importancia de realizar estudios de impacto ambiental rigurosos y de considerar las preocupaciones de las comunidades locales. No todos los proyectos renovables son iguales, y es fundamental evaluar cuidadosamente los beneficios y los riesgos antes de tomar una decisión. En este caso, la protección del medio ambiente y la biodiversidad han prevalecido, demostrando que la sostenibilidad no solo se trata de generar energía limpia, sino también de preservar nuestro patrimonio natural.
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