La Comisión Europea propone permitir una producción limitada de vehículos de combustión más allá de 2035, alcanzando un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021. Esta medida, impulsada por Alemania y la industria, busca flexibilidad tecnológica y compensar emisiones mediante créditos de acero verde y biocombustibles. Sin embargo, España y Francia defienden el veto total, priorizando la descarbonización. La propuesta, aún en negociación, mantiene el objetivo de neutralidad climática para 2050 y exige a fabricantes reducir un 90% de emisiones para 2035.
Transport & Environment alerta que esta flexibilización podría reducir la competitividad europea frente a China, al ralentizar la venta de vehículos eléctricos de batería. Critican que los híbridos enchufables, con altas emisiones reales, cuenten para objetivos corporativos. Paralelamente, la UE presenta un plan de 1.800 millones de euros para apoyar baterías eléctricas y fomentar coches pequeños asequibles, buscando reducir dependencia china y burocracia. Desde nuestra perspectiva conservadora, esta apertura refleja una visión realista de convivencia tecnológica, evitando prohibiciones precipitadas que desestabilicen la industria.
Sungrow Renewables ha inaugurado en Sanxenxo (Pontevedra) la primera planta de almacenamiento energético independiente de España, denominada 'Bess Sanxenxo'. Equipada con baterías PowerTitan 2.0 en formato contenedor, tiene una potencia de 5MWh y capacidad de 20MWh, pudiendo abastecer a 2.000 hogares anuales. Conectada directamente a la subestación SET Sanxenxo, aporta estabilidad eléctrica con impacto ambiental mínimo. El proyecto, financiado por Next Generation EU a través del IDAE, cuenta con apoyo institucional gallego y europeo.
El sistema destaca por su diseño integral 'todo en uno', integrando baterías e inversores en un contenedor para reducir costes y acelerar instalación. Usa baterías de litio-hierro-fosfato (LFP) por su seguridad y larga vida, junto a inversores con refrigeración líquida y sistemas antiincendios. Participa en mercados de balance y mayoristas, demostrando cómo el almacenamiento es clave para un sistema eléctrico flexible. Esta innovación tecnológica, alineada con nuestra visión de soluciones prácticas, refuerza la importancia del almacenamiento para optimizar redes sin depender exclusivamente de generación renovable intermitente.
WindEurope prevé que el sector eólico europeo aumente su empleo de 443.000 a más de 600.000 puestos para 2030, dependiendo de acelerar el despliegue de parques, incentivos industriales y formación de trabajadores cualificados. Sin embargo, enfrenta cuellos de botella regulatorios y laborales que podrían limitar esta expansión. En España, la eólica es clave en el sistema eléctrico, pero su crecimiento depende de decisiones regulatorias y la electrificación de la economía, requiriendo mejoras en tramitación administrativa y seguridad jurídica.
Proyectos en regiones como Galicia están paralizados por decisiones judiciales, subrayando la necesidad de un marco regulatorio equilibrado y aceptación social. La Asociación Empresarial Eólica destaca que el sector ya emplea a más de 40.000 personas en España. Desde nuestra óptica conservadora, este crecimiento debe gestionarse con pragmatismo, asegurando que la expansión eólica no comprometa la estabilidad energética ni ignore otras fuentes necesarias, como la nuclear o fósiles, para una transición realista y no solo propagandística.
El Consejo Nacional del Agua ha aprobado Planes Especiales de Sequía para varias demarcaciones hidrográficas, reforzando la anticipación y respuesta ante escasez de agua. Presidido por la ministra Sara Aagesen, también discutió el Catálogo de Acuíferos Compartidos para gestión sostenible de aguas subterráneas, y presentó sistemas de información y un Sello de gestión transparente del agua. Estas medidas buscan mejorar la gobernanza hídrica en un contexto de cambio climático y estrés hídrico creciente en España.
Paralelamente, el consejero aragonés Manuel Blasco destacó la necesidad de avanzar en infraestructuras hidráulicas como los embalses de Almudévar y Mularroya, y el recrecimiento de Yesa, enmarcados en el Pacto del Agua de Aragón. Esto refleja tensiones entre gestión preventiva y demandas regionales de desarrollo. Desde nuestra posición, apoyamos medidas prácticas de adaptación a la sequía, pero criticamos enfoques meramente declarativos; la inversión en infraestructuras debe equilibrar sostenibilidad y necesidades económicas, evitando soluciones simplistas que ignoren la complejidad hídrica.
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