La Comisión Europea por fin parece chocar con la realidad industrial y propone flexibilizar el mercado de carbono. Suavizará la reducción anual de derechos de emisión para que la industria pueda emitir más CO2 durante más tiempo, evitando ahogar nuestra competitividad exterior.
A cambio de este respiro fósil, se exigirán inversiones reales en descarbonización, dejando atrás las medidas puramente de escaparate. Además, el nuevo plan busca elevar la electrificación al cincuenta por ciento para 2040, un reto enorme tras una década de estancamiento.
Renfe y Repsol acaban de demostrar que no hace falta jubilar prematuramente los motores de combustión para ser más limpios. Han probado con éxito el combustible renovable HVO en trenes diésel que operan en vías sin electrificar, empezando por el tren turístico Costa Verde.
Esta alianza es un ejemplo perfecto de transición sensata: aprovechar la flota actual sin costosas modificaciones mientras se reducen las emisiones de forma inmediata. Una solución realista para aquellos tramos donde la electrificación total es, hoy por hoy, inviable y costosa.
La gran industria nos vuelve a dar una lección de pragmatismo. Moeve y ArcelorMittal han firmado el mayor acuerdo de Certificados de Ahorro Energético de España, alcanzando la brutal cifra de 2,1 teravatios hora anuales gracias a su nueva acería eléctrica en Gijón, Asturias.
Este hito reducirá un millón de toneladas de CO2 y demuestra que los mecanismos de compensación son vitales para la economía. Lejos de los discursos políticos, estas herramientas financieras permiten a la industria pesada mantener su competitividad mientras reduce sus emisiones.
El Gobierno de Aragón ha dado luz verde a una nueva planta de biomasa de Forestalia en Zuera, con una inversión que supera los ochenta y cinco millones de euros. Sus casi cincuenta megavatios se alimentarán de restos forestales y agrícolas, generando empleo en el entorno rural.
Esta instalación es un recordatorio de que las renovables intermitentes necesitan un respaldo firme y constante para funcionar. Sin embargo, su viabilidad final depende de que el Gobierno central apruebe un marco retributivo realista y deje de lado la inacción administrativa.
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