España se enfrenta a una seria limitación: la saturación de su red eléctrica. Con un alarmante 84% de los nudos sin capacidad para nuevas conexiones, solo el 10% de las solicitudes de acceso son atendidas. Esta situación, revelada por las grandes eléctricas y la CNMC, está estrangulando proyectos industriales y frenando la reindustrialización basada en la electrificación. Los mapas de capacidad publicados por los gestores de red pintan un panorama desolador en casi todas las regiones, desde Castilla y León hasta Cataluña, confirmando la escasez de puntos disponibles para conectar nueva industria, viviendas o centros de datos.
La situación se agrava por un modelo retributivo que desincentiva la inversión en redes, según denuncian asociaciones industriales y autonómicas. A pesar de los 43 GW de capacidad otorgados desde 2020 para nuevos consumos, nueve de cada diez solicitudes son rechazadas, imposibilitando la instalación de nuevas fábricas y centros de datos. La Alianza España Verde y Conectada critica la falta de inversión y alerta sobre las propuestas de la CNMC que podrían imposibilitar el desarrollo de la red al ritmo que demanda la industria. La saturación de la red no solo impide la reindustrialización, sino que también obstaculiza la descarbonización y aleja inversiones estratégicas.
Mientras la red eléctrica lucha contra la saturación, el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España se intensifica. Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, propone ajustar el calendario de cierre de las centrales nucleares, argumentando que España tiene los precios de generación nuclear más baratos de Europa y que su cierre desestabilizaría el sistema. Ruiz-Tagle también reveló que el 92% de los nudos de la red de distribución de Iberdrola están copados, limitando la conexión de nueva demanda eléctrica. Estas declaraciones avivan la discusión sobre la necesidad de una transición energética realista y adaptada a las necesidades del país.
José Bogas, consejero delegado de Endesa, coincide en que la saturación del sistema eléctrico frena proyectos estratégicos y el desarrollo industrial. Bogas defiende la importancia de mantener las centrales nucleares operativas, criticando la carga fiscal que soportan, y aboga por un diálogo técnico y realista sobre el futuro energético de España. Ambos ejecutivos coinciden en la necesidad de adaptar la red, la regulación y la visión estratégica, con inversiones en infraestructuras como baterías e interconexiones, para garantizar la estabilidad del suministro y aprovechar el potencial de las energías renovables. La discusión sobre el cierre nuclear se cruza con los problemas de saturación de la red, creando un panorama complejo para la transición energética.
Un análisis de Fedea pone en tela de juicio el cierre programado de las unidades nucleares de Almaraz en 2027 y 2028. Según el estudio, este cierre podría generar aumentos en las emisiones de gases de efecto invernadero y en los costes de suministro eléctrico. La razón principal es que la energía no producida por Almaraz sería sustituida, en gran medida, por ciclos combinados de gas natural, especialmente en momentos de baja generación renovable. El informe cuestiona la viabilidad de los objetivos del PNIEC para capacidad eólica y almacenamiento, lo que agravaría la dependencia del gas y dificultaría el cumplimiento de los objetivos de descarbonización para 2030.
El análisis de Fedea también aborda la fiscalidad nuclear, recomendando la revisión o eliminación de impuestos específicos como el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado. Se argumenta que el impacto de estos impuestos en las facturas de los consumidores es menor comparado con el aumento de costes que generaría el cierre de Almaraz. En conclusión, el autor justifica retrasar el calendario de cierre para priorizar el interés general y un análisis realista del sector eléctrico. Este informe se suma al debate sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética y plantea dudas sobre la conveniencia de un cierre prematuro de centrales como Almaraz.
El Gobierno ha presentado las líneas maestras de la Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, que prevé una inversión de 13.590 millones de euros. Esta inversión tiene como objetivo cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), dando prioridad a proyectos industriales. Se ha iniciado el trámite de audiencia pública de un Proyecto de real decreto que regula los planes de inversión en redes de transporte y distribución, promoviendo el uso de tecnologías inteligentes y estableciendo un sistema de seguimiento.
La propuesta incluye medidas para atender 27,7 GW desde la red de transporte, con un fuerte crecimiento en demanda, y prevé mejoras en el 21% de la red, con especial incidencia en zonas rurales. Se establecen condiciones para proteger a los consumidores, mantener precios competitivos y fomentar la transparencia, con penalizaciones para empresas que no cumplan con las inversiones planificadas. Esta inversión en redes es crucial para abordar la saturación actual y permitir la integración de nuevas energías renovables y el desarrollo de proyectos industriales. Sin embargo, queda por ver si estas medidas serán suficientes para superar los obstáculos que enfrenta la transición energética en España.
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